En el país, las prácticas no sustentables de uso del suelo, utilizadas en la agricultura convencional, caracterizadas por la sobrelabranza, quemas de rastrojos, el uso excesivo de los agroquímicos -como los pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos-, y el sobrepastoreo, afectan a las comunidades de organismos del suelo y, consecuentemente, su calidad y productividad, amenazando la producción de alimentos y la seguridad alimentaria. El cambio climático se manifiesta con un aumento de la temperatura, la variación de las precipitaciones y la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, aumenta la presión y degradación de los suelos. El alto grado de degradación del suelo incrementa la vulnerabilidad de la agricultura frente a la variabilidad climática y ocurrencia de eventos extremos hidrometeorológicos. En general, los procesos de degradación del suelo son severos. Anualmente se pierde, por erosión, 59 millones de toneladas métricas de suelo fértil del territorio nacional. Un 40 % del suelo salvadoreño presenta una erodabilidad elevada, especialmente en las zonas más quebradas, incluyendo la cordillera Fronteriza del norte del país, y las
principales cadenas montañosas. En una menor proporción (del orden de 10 %) existen suelos de muy alta y alta erodabilidad, que constituyen las zonas de transición entre las áreas con mayor riesgo y aquellas que presentan menor riesgo de erosión (MINEC, 2011).
La degradación de los suelos, caracterizada por la disminución de la calidad y reducción de los bienes y servicios de los ecosistemas, es una limitación importante para lograr el aumento requerido de la producción agrícola. Los servicios ambientales, que proveen los suelos, no solo son esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas naturales, sino que constituyen un recurso importante para el manejo sustentable de los sistemas agrícolas. Además, la alta biodiversidad del suelo proporciona a los ecosistemas no solo una mayor resistencia contra las perturbaciones y el estrés, sino que también mejora la capacidad de los ecosistemas para suprimir enfermedades.
Para enfrentar esta problemática se propone una nueva forma de agricultura, amigable con la biodiversidad, que promueva un aumento significativo de la cobertura vegetal permanente e incorpore prácticas de conservación de suelo, aumento de materia orgánica del suelo y el uso reducido de agroquímicos.
De acuerdo con el Censo Agropecuario (GOES, 2008 y 2010), existen más de 325 mil productores de granos básicos en El Salvador que trabajan parcelas que oscilan entre 0.7 y 3 hectáreas. Un 52.4 % de esos agricultores desarrollan la actividad agrícola en parcelas de tamaño promedio de 0.7 hectáreas, y obtienen una producción promedio de maíz de 1427 kg/ha. Aunque esa producción permite satisfacer las necesidades de alimentación del grupo familiar, la cual para el área rural del país equivale a 1300 kg de maíz por año, ese rendimiento es significativamente menor a la producción promedio nacional, estimada en 2575 kg/ha. Igualmente es significativamente menor a la producción promedio estimada para las tres regiones geográficas del país, 3048 kg/ha para la región occidental; 2980 kg/ha para la región central y 1894 kg/ha para la región oriental (MAG, 2015). Esto permite constatar que en El Salvador la producción de maíz representa una actividad de pequeña escala, con bajos rendimientos y escasa utilización de tecnología (Tobar, 2012).
El territorio salvadoreño, especialmente en la zona costera, está experimentando un cambio abrupto de uso de suelo. Algunas zonas de amortiguamiento están siendo sustituidas por caña de azúcar. De acuerdo al mapa de uso de suelo 2010 UES-MAG, el área representada por cultivo de caña se cuantificó en 654.6 km2 (8 %). Es importante mencionar que el cultivo de caña requiere cantidades significativas de agua, por lo que, en muchos casos, la dinámica utilizada es tapar los cauces de ríos y derivarlos hacia los cañales, afectando el caudal ecológico en tramos del rio y limitando que el flujo de agua llegue hasta las zonas de manglar. Esta situación es común en la zona costera como en el caso de Ahuachapán sur. En la Figura 130 se evidencia la falta de agua en el manglar de Garita Palmera, lo cual genera procesos de degradación de suelos, ausencia de agua y mayor concentración de sales.
En 2016, el Laboratorio de suelos del CENTA ha realizado estudios preliminares, evaluando la materia orgánica y acidez/alcalinidad del suelo en 810 productores de siete departamentos: La Libertad, Ahuachapán, Sonsonate, La Paz, San Vicente, Usulután y San Miguel. Los resultados obtenidos en las parcelas de esos productores mostraron que un 33 % tenían valores altos de materia orgánica (valores mayores a 4), 53 % con valores medios (entre 2.1 y 4), y solo 14 % con valores bajos (valores menores a 2). Los resultados obtenidos de análisis de pH del suelo mostraron que 69 % de los terrenos tenían valores entre 5.6 a 6.5 pH; 24 % con valores menores a 5.5; y, 7 % con valores mayores 6.5.
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